¿Los políticos de verdad son transparentes con el pueblo? Esta es la pregunta que todos nos hacemos en las últimas semanas, debido a los escándalos actuales como la acusación de la diputada Claudia Delgadillo o las denuncias al exgobernador Eruviel Ávila. Lo único cierto para los mexicanos es que la declaración patrimonial es una urgencia nacional y debería de ser atendida por todos y cada uno de los partidos.

            La técnica más usada para evadir la claridad de su patrimonio es por medio de los famosos “prestanombres”. El funcionamiento en realidad es sencillo, se trata de convencer a familiares y amigos de registrar propiedades a su nombre, aunque ciertamente pertenezcan a funcionarios públicos. Así, el propósito de todo esto es que estos activos no aparezcan en sus declaraciones oficiales y puedan conservar su estilo de vida lujoso.

            Prácticas como la anterior fragmentan la confianza de la ciudadanía en las instituciones y nutren un clima de desconfianza y desilusión. Por ello, es una urgencia nacional que se implementen mecanismos eficientes para verificar estas declaraciones. Las vías de solución transitan en dos posibles caminos: por un lado, generar conciencia sobre la gravedad del asunto para no ser un prestanombre y, por otro lado, establecer sanciones severas para los políticos que presenten información falsa.

            Actualmente existen muchos casos que nos demuestran que no podemos confiar en todo lo que vemos. Un ejemplo son las denuncias contra Eruviel Ávila, acusado de peculado y desvío de recursos. En conclusión, necesitamos fomentar una cultura de transparencia, así como fortalecer la ética de los servidores públicos. Resulta urgente reforzar los mecanismos de control y tener la seguridad de un gobierno representativo y justo. Como ciudadanos, es nuestro derecho conocer su patrimonio y nos lo están negando.